Un paquete de cinco medidas para hacer de las plataformas digitales un “espacio saludable”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado un anuncio de gran calado en el ámbito de la protección de los menores en Internet. Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, Sánchez declaró que su Ejecutivo prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Esta medida, que se llevará al Consejo de Ministros la próxima semana, obligará a las plataformas digitales a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. “Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado”, afirmó el jefe del Ejecutivo ante una treintena de líderes internacionales.
Esta decisión forma parte de un paquete normativo más amplio diseñado para enfrentar los abusos de las grandes tecnológicas y crear entornos digitales más seguros. La anunciada prohibición del acceso a redes sociales para los adolescentes más jóvenes es la piedra angular de una estrategia que busca un cambio profundo en la relación entre los menores y el mundo digital.
El marco legal en tramitación y la postura de otros ministerios
El anuncio realizado en Dubái no surge en un vacío legal. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han recordado que la Ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, actualmente en tramitación, ya contempla elevar la edad mínima para registrarse en redes sociales de los 14 a los 16 años. Dicha ley también obliga a los fabricantes de dispositivos a incluir medidas de protección gratuitas, como sistemas de control parental integrado.
Al ser preguntado por la iniciativa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, adoptó una postura cautelosa “En esto quiero ser prudente. Acabamos de conocer la propuesta y esperaremos a que el Ministerio de Infancia lo estudie”. Esta declaración refleja los procesos internos de coordinación que seguirán al anuncio público hecho por el presidente.
Las otras cuatro medidas clave del paquete regulatorio
Además de la prohibición de acceso a plataformas digitales para menores de 16 años, Pedro Sánchez detalló otras cuatro iniciativas legislativas agresivas. En conjunto, estas medidas buscan aumentar radicalmente la responsabilidad de las empresas tecnológicas.
La primera de ellas es acabar con la “impunidad de los directivos”. El Gobierno quiere que los altos cargos de las plataformas sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus servicios, enfrentándose incluso a “responsabilidad penal” si no retiran con la debida celeridad “contenidos de odio e ilegales”. Esta medida persigue crear un fuerte incentivo para que las empresas moderen proactivamente sus contenidos.
Acción contra plataformas específicas y defensa de la soberanía digital
Otra medida concreta anunciada por Sánchez es que el Gobierno trabajará codo con codo con la Fiscalía General del Estado para “enjuiciar las posibles infracciones legales” de plataformas específicas. El presidente mencionó nominalmente a Grok (el chatbot de xAI), TikTok e Instagram. Paralelamente, defendió la necesidad de asegurar la “soberanía digital” de España “contra cualquier tipo de coerción extranjera”, en un claro mensaje sobre la autonomía en la regulación del espacio digital.
Las dos medidas restantes del paquete son de carácter técnico y de medición. Por un lado, se tipificará como delito la manipulación maliciosa de algoritmos y la amplificación intencionada de contenido ilegal. Por otro, se creará un sofisticado sistema de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” que permita establecer una “Huella de Odio y Polarización”, con el objetivo de medir el impacto real de este tipo de contenidos en la sociedad.
Coalición internacional y reacción política interna
Para fortalecer su posición, Sánchez anunció que España se ha unido a otros cinco países europeos (sin especificar cuáles) en la “Coalición de los Dispuestos Digitales”. Esta alianza tiene como objetivo avanzar en la aplicación de una regulación “más estricta, rápida y eficaz” de las plataformas sociales, coordinando esfuerzos a nivel continental.
La reacción política interna no se ha hecho esperar. El Partido Popular ha exigido al PSOE que deje de “bloquear” la mencionada ley de protección al menor en entornos digitales y acepte sus enmiendas. El PP recuerda que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya presentó en noviembre un plan similar. Entre sus más de 50 enmiendas registradas figuraba precisamente la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, aunque con una excepción: permitir el acceso a partir de los 14 años con un “consentimiento expreso y verificable” de los padres. También proponían un horario de descanso digital nocturno obligatorio para los menores.
En definitiva, el anuncio de Pedro Sánchez en Dubái marca un punto de inflexión en la política digital española, situando la prohibición del acceso a plataformas para los más jóvenes como una prioridad. Su desarrollo y la concreción de cómo se implementará la verificación de edad serán los siguientes pasos clave en este proceso legislativo de alto impacto social.
