El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública da el primer paso oficial para cumplir con el histórico Acuerdo Marco, un cambio que afectará a más de 246.000 empleados públicos
El Gobierno de España ha comunicado este miércoles a los sindicatos el inicio formal del procedimiento para reducir la jornada laboral a 35 horas en la Administración General del Estado (AGE). Este movimiento cumple con lo pactado en el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI y marca un hito en las condiciones laborales del sector público. La reducción de la jornada laboral a 35 horas es una demanda histórica de los sindicatos que ahora ve la luz al inicio de su tramitación administrativa.
Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la Secretaría de Estado de Función Pública será la encargada de redactar y proponer las nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo. Estas normas regularán en detalle la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para las plantillas de la AGE.
Calendario y próximos pasos del procedimiento
El proceso administrativo para materializar esta reducción de jornada laboral a 35 horas ya tiene un calendario definido. Los siguientes pasos son cruciales para su implantación efectiva:
- Reuniones informativas: Los días 10 y 11 de febrero se convocará a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente. El objetivo es informar detalladamente de la modificación a los subsecretarios y subdirectores generales de Personal de todos los ministerios.
- Negociación en Mesa General: Posteriormente, la propuesta se elevará a la Mesa General de la Administración del Estado. Este es el órgano donde se negociará oficialmente con los representantes sindicales los términos concretos de la implantación.
Este procedimiento estructurado busca garantizar una transición ordenada hacia la nueva jornada semanal de 35 horas, asegurando que todos los departamentos ministeriales estén alineados.
Previsión sindical: Implantación en el primer trimestre
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha sido optimista respecto al plazo. El sindicato prevé que esta reducción de la jornada laboral a 35 horas, que afectará directamente a 246.418 trabajadores públicos, podría estar completamente implantada a finales de febrero o durante el mes de marzo.
En un comunicado conjunto con Comisiones Obreras (CC.OO.), ambos sindicatos han celebrado este «avance decisivo». No obstante, han insistido en la necesidad de extender este derecho, de manera negociada, al personal de instituciones penitenciarias, que actualmente queda fuera de este primer ámbito de aplicación.
Reacciones y demandas complementarias de los sindicatos
Más allá de la celebración inicial, las organizaciones sindicales han aprovechado para poner sobre la mesa otras reivindicaciones pendientes del Acuerdo Marco:
- UGT y CC.OO. han insistido a Función Pública sobre la urgencia de recuperar la jubilación anticipada parcial para el personal laboral. El ministerio, dirigido por Óscar López, habría accedido a buscar un instrumento normativo adecuado para ello.
- Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también se ha felicitado por la noticia, aunque con un tono más crítico. Valoran que la medida llega «con más de tres años de retraso» y la consideran «solo el comienzo». Para CSIF, ahora es el momento de desarrollar otros aspectos clave como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada y el marco definitivo del teletrabajo.
El ministro de Función Pública, Óscar López, había avanzado la pasada semana que las 35 horas semanales se aplicarían «tan pronto como sea posible». Esta declaración llegó tras la presión de UGT y CCOO, que urgieron a implantar la medida de manera inmediata, sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2026, para evitar nuevos retrasos.
Un cumplimiento pactado con repercusiones de calado
La puesta en marcha de este procedimiento para reducir la jornada laboral a 35 horas no es un acto aislado. Supone el cumplimiento de un compromiso adquirido en el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, un texto que busca modernizar la función pública.
La implantación de la jornada laboral a 35 horas en la Administración General del Estado se perfila, por tanto, como un cambio estructural de gran calado. No solo mejora las condiciones laborales de los empleados públicos, sino que también puede actuar como un referente para la negociación colectiva en el sector privado, impulsando un debate nacional sobre la organización del tiempo de trabajo y la conciliación. El éxito de su despliegue en los próximos meses será observado con atención por todos los agentes sociales.
