Un nuevo decreto establece la distribución obligatoria de menores no acompañados en otras comunidades autónomas

El Gobierno ha dado este martes un paso decisivo en la gestión de la acogida de menores migrantes no acompañados con la aprobación de un Real Decreto que regula su reubicación desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas. La medida, que entrará en vigor el próximo 28 de agosto, busca aliviar la saturación en estos territorios y garantizar una distribución más equitativa en todo el país.

Según ha explicado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este decreto prioriza el interés superior del menor y sus derechos fundamentales. “Es una ley de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas”, ha subrayado, haciendo un llamamiento a la “humanidad” de aquellas regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) que se han mostrado reacias a colaborar.

Un plan para reubicar a 3.000 menores migrantes

El recién aprobado decreto implementa un sistema de reparto forzoso de menores migrantes que tiene en cuenta dos factores clave: el número de habitantes de cada territorio y el grado de saturación migratoria que presentan. Según las estimaciones oficiales, aproximadamente tres mil niños y adolescentes serán reubicados de manera escalonada, siendo trasladados desde los puntos con mayor congestión -las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- hasta diversas comunidades autónomas peninsulares con mayor capacidad de acogida.

El protocolo exige que las comunidades de origen elaboren un informe individualizado de cada menor, incluyendo una entrevista personal. Los traslados serán financiados por el Estado, que ha destinado un fondo de 100 millones de euros para cubrir los gastos. Además, si un menor carece de permiso de residencia, este deberá tramitarse de forma preferente antes del traslado.

Menores migrantes no acompañados esperando reubicación en España

Tensión política por la negativa de algunas comunidades

La medida no ha estado exenta de polémica. Once comunidades autónomas, diez de ellas gobernadas por el PP, han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional. Alegría ha criticado la actitud de estas regiones, acusándolas de “boicot” y de fomentar un “discurso de racismo y odio”.

Entre las comunidades más críticas se encuentran Andalucía y Castilla-La Mancha, cuyos representantes han tachado el reparto de “inhumano” y han denunciado la falta de recursos. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado que sus islas ya están “saturadas” y ha exigido al Gobierno que asuma más responsabilidad.

40 millones adicionales para menores solicitantes de asilo

El Ejecutivo ha dado un paso más en su política de atención a la infancia migrante, destinando una partida presupuestaria adicional de 40 millones de euros con el objetivo de habilitar 1.200 nuevas plazas de acogida específicamente para menores no acompañados que hayan solicitado protección internacional en España. Esta medida responde a una orden del Tribunal Supremo, que obliga al Estado a hacerse cargo de estos jóvenes al considerar que su situación es competencia del Gobierno central.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha manifestado su descontento con la medida, tachándola de “claramente insuficiente” debido a la ausencia de detalles concretos acerca del calendario de implementación y la localización exacta de las nuevas plazas previstas.

Un desafío humanitario y logístico

El traslado de niños y adolescentes migrantes representa un desafío complejo que combina aspectos humanitarios con grandes exigencias burocráticas y organizativas. Mientras el Gobierno insiste en la obligatoriedad del reparto, algunas comunidades mantienen su rechazo, lo que podría derivar en nuevos conflictos legales.

Lo que está claro es que la llegada continuada de menores no acompañados a las costas españolas exige soluciones coordinadas. Este decreto busca ser un primer paso, pero su éxito dependerá de la colaboración entre administraciones y de la garantía de que los derechos de estos jóvenes sean protegidos en todo momento.

Con información actualizada, seguiremos informando sobre los avances en la aplicación de este plan.