La medida es parte de la propuesta de reforma del mercado eléctrico que el Gobierno de España remitirá a la Comisión Europea

El Gobierno de España está dispuesto a dirigir el proceso de reforma del mercado eléctrico europeo y, para ello, remitirá este martes 10 de enero, las líneas generales de su propuesta a la Comisión Europea, cuya discusión está prevista en el seno de la Unión Europea para el próximo mes de marzo.De manera que se eviten los actuales beneficios inesperados de estas tecnologías, el principal objetivo es aumentar las energías renovables y disminuir la inestabilidad de los precios, por medio de, entre otras cosas, la determinación de precios a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica.

La propuesta, que se ha hecho pública este martes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Consejo de Ministros, prevé que “los consumidores del presente pueden beneficiarse del menor coste de la energía de hoy y del futuro que suponen las renovables”, desde el enfoque de la “equidad”, disminuyendo la volatilidad del mercado y proporcionando “estabilidad” a los inversionistas.

España es la primera nación que presenta una propuesta a Bruselas acerca de la referida reforma, que desde el Gobierno confían que esté solventada a fines de 2024, el mismo lapso establecido para acabar con la llamada excepción ibérica. “Queremos pedir a la vez la prórroga de la “solución ibérica”, el cual nos ha permitido ahorrar 4.500 millones de euros, lo que representa unos 150 euros por familia, señaló la ministra.

De acuerdo a fuentes del Ministerio, con este nuevo sistema se logrará una mayor estabilidad del precio de la luz y se concluirá con los beneficios excepcionales, simultáneamente, beneficiará la inversión con el tiempo en proyectos renovables.

La ministra explicó que dicha reforma es ineludible, ya no solamente por la articulación provocada por la guerra en Ucrania, sino porque estima que el sistema diseñado hace aproximadamente 20 años no está apto para el futuro. Y es que, a su criterio, el hecho de que la tecnología más costosa establezca el precio promedio de la luz cobra menos sentido en las presentes situaciones, en las que las renovables adquieren cada vez mayor peso.

Un precio estable para nucleares e hidráulicas

De esta manera, el Gobierno ha propuesto que la mayor parte de la energía que se consuma se establezca mediante acuerdos a plazo fijados por un regulador público, lo que disminuiría los riesgos de alineamiento de la oferta y la demanda a mediano o largo plazo.

Por una parte, existirían contratos a plazo de energía, que operarían para tecnologías nucleares, renovables e hidráulicas. Se establecería un precio estable para un largo tiempo. Las eléctricas reembolsarían lo cobrado de más si el precio del mercado diario es más reducido; si es mayor, se pagaría la diferencia.

En las actuales licitaciones de renovables este sistema ya funciona, pero es absolutamente novedoso para nucleares e hidráulicas. En ambos casos, convendría extraer la energía que producen del mercado diario para regularizarla desde lo público. Y eso requiere transformar el mercado interior europeo que hasta el momento no lo permite.

Según la vicepresidenta tercera, la propuesta no ha sido convenida con ningún estado adepto, sino que ha surgido a decisión del Gobierno español. Ahora le toca a Bruselas, que deberá estudiarla y determinar si agrega alguno de estos puntos en la propuesta oficial que está prevista que se exponga en el mes de marzo.