El Gobierno de España ha desarrollado una posición sobre el conflicto en Gaza que combina el reconocimiento del Estado palestino con medidas concretas contra Israel
El Gobierno de Pedro Sánchez ha construido una posición sobre el conflicto en Gaza que sitúa a España a la vanguardia de la respuesta europea frente a la crisis humanitaria en Oriente Medio. Desde los atentados del 7 de octubre de 2023, España ha condenado firmemente el terrorismo de Hamás mientras desarrollaba una diplomacia activa que culminó con el histórico reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024. Esta evolución en la posición sobre el conflicto en Gaza ha convertido a España en referente internacional pero también ha generado tensiones con Israel y controversia política interna.
La posición sobre el conflicto en Gaza adoptada por el Ejecutivo español se ha caracterizado por un progresivo endurecimiento de las críticas hacia la ofensiva militar israelí. Lo que comenzó como condena a la violencia indiscriminada derivó en acusaciones de genocidio y en medidas concretas como el embargo de armas. Esta trayectoria refleja una posición sobre el conflicto en Gaza que busca equilibrar la condena al terrorismo con la defensa del derecho internacional humanitario y la protección de la población civil palestina.
Reconocimiento histórico del Estado palestino
El punto de inflexión en la posición sobre el conflicto en Gaza llegó el 28 de mayo de 2024, cuando España, junto con Noruega e Irlanda, reconoció formalmente el Estado de Palestina. Esta decisión coordinada rompió con la reticencia histórica de los principales países occidentales y abrió la puerta a una nueva oleada de reconocimientos internacionales. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, representaba la materialización de una posición sobre el conflicto en Gaza que priorizaba la solución de los dos estados como única vía para la paz duradera.
La posición sobre el conflicto en Gaza que sustentaba este reconocimiento había sido expuesta personalmente por Sánchez durante su visita a la región en noviembre de 2023, apenas días después de su investidura. En reuniones con Benjamin Netanyahu y Mahmud Abas, el presidente español defendió que la Autoridad Nacional Palestina se hiciera cargo de Gaza y abogó por poner fin a «los ciclos interminables de violencia». Estas declaraciones, junto con sus «serias dudas» sobre el cumplimiento israelí del derecho internacional, marcaron el inicio de un deterioro en las relaciones con Israel que culminaría con la convocatoria de consultas de la embajadora israelí en Madrid.
Medidas concretas y evolución terminológica
La posición sobre el conflicto en Gaza se ha traducido en un paquete de nueve medidas anunciadas en septiembre de 2024 que incluyen la consolidación del embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada a España para quienes participen en la guerra. Estas acciones buscan «añadir presión» al gobierno israelí para «aliviar presión» a la población gazatí, según explicó el propio Sánchez. La implementación de estas medidas representa la materialización concreta de una posición sobre el conflicto en Gaza que va más allá de las declaraciones diplomáticas.
La evolución en la terminología empleada por el Gobierno español refleja el endurecimiento progresivo de su posición sobre el conflicto en Gaza. Mientras que inicialmente se refería a «masacre» o «crisis humanitaria», en septiembre de 2024 Sánchez empleó por primera vez el término «genocidio» para describir la situación en la Franja. Este cambio lingüístico, que ya utilizaban sus socios de coalición desde meses antes, señala una posición sobre el conflicto en Gaza más alineada con la denuncia presentada por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia, a la que España se sumó formalmente.
Repercusiones internacionales y división política interna
La posición sobre el conflicto en Gaza adoptada por España ha tenido un efecto dominó en la escena internacional. Tras el reconocimiento español del Estado palestino, países como Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Francia y Bélgica anunciaron medidas similares en septiembre de 2024. Incluso la Unión Europea ha modulado su postura, pasando del apoyo inicial a Israel al cuestionamiento de la masacre de civiles y la propuesta de suspensión parcial del tratado comercial. Esta influencia internacional confirma el impacto de la posición sobre el conflicto en Gaza defendida por Sánchez más allá de las fronteras españolas.
A nivel interno, la posición sobre el conflicto en Gaza ha generado una profunda división política. El Partido Popular ha criticado sistemáticamente lo que considera un alejamiento de los socios europeos y un posicionamiento que «incita a la violencia». La oposición conservadora acusa al Gobierno de utilizar la crisis como «cortina de humo» para tapar casos de corrupción, mientras Sánchez responde instando a Feijóo a llamar «genocidio» a lo ocurrido en Gaza. Esta polarización ilustra cómo la posición sobre el conflicto en Gaza se ha convertido en un elemento central del debate político español.
Movilización social y acciones humanitarias
La posición sobre el conflicto en Gaza del Gobierno español ha encontrado eco en una sociedad civil movilizada que ha llenado las calles de manifestaciones propalestinas. Estas protestas, que incluyeron la interrupción de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en septiembre de 2024, reflejan la sensibilidad de la ciudadanía española ante una crisis que ha causado más de 67.000 muertos, principalmente mujeres y niños. El apoyo gubernamental a estas movilizaciones ha sido criticado por la oposición, que considera que fomenta la confrontación.
En el ámbito humanitario, la posición sobre el conflicto en Gaza se ha traducido en acciones concretas como la movilización del buque de la Armada Furor para escoltar a la Global Sumud Flotilla en su viaje a Gaza. Aunque la misión fue interceptada por Israel, demostró el compromiso práctico de España con la apertura de corredores humanitarios. Esta combinación de diplomacia, medidas coercitivas y acción humanitaria configura una posición sobre el conflicto en Gaza multidimensional que continuará definiendo la política exterior española mientras persista el conflicto.
