España se opone frontalmente a las propuestas por considerar que vulneran derechos humanos y el ordenamiento internacional
España ha adoptado una posición firme y crítica en el seno de la Unión Europea al rechazar este lunes dos de las propuestas legislativas clave del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Durante el Consejo de Ministros de Interior celebrado en Bruselas, el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, anunció la oposición de España al reglamento de Retorno y al de «tercer país seguro«. La posición española se fundamenta en la convicción de que estas normativas pueden suponer una vulneración del ordenamiento internacional, en particular en lo relativo a la protección de los derechos humanos.
El ministro Grande-Marlaska dejó clara la postura española desde su llegada a la reunión, advirtiendo de que España se opondría a ambos reglamentos y que se abstendría en la votación sobre el mecanismo de contingente de solidaridad. Esta postura aislada pero firme refleja las graves reservas jurídicas y operativas que el gobierno español mantiene sobre la dirección que está tomando la política migratoria comunitaria.
Las graves dudas jurídicas sobre el «tercer país seguro»
El concepto de «tercer país seguro» es uno de los puntos más controvertidos del nuevo pacto. La propuesta de reglamento permitiría a los Estados miembros derivar a solicitantes de asilo a países no pertenecientes a la UE considerados «seguros», con los que se habrían firmado acuerdos. España ha expresado serias objeciones al respecto. Grande-Marlaska argumentó que esta normativa «rompe con la integridad del pacto» al modificar un elemento crucial antes incluso de que el propio pacto comience a aplicarse.
Uno de los principales motivos de preocupación para España es que el texto prevé la posibilidad de celebrar acuerdos no vinculantes con terceros países. Según el ministro, esto «genera interrogantes sobre la garantía de una protección efectiva en dichos países, los mecanismos que aseguren que las solicitudes se tramitan adecuadamente y el respeto a los derechos y obligaciones de los solicitantes». Además, España considera que esta normativa «condiciona potencialmente nuestras relaciones bilaterales», especialmente con los países vecinos de las rutas migratorias.
España subraya que es esencial que los Estados miembros vecinos de esos terceros países «sean debidamente informados y consultados» sobre dichos acuerdos, para evitar impactos negativos en los flujos migratorios y en las relaciones bilaterales. La referencia actual a las «fronteras comunes» en la propuesta, según España, excluye injustamente a muchos vecinos españoles en las rutas Mediterránea y Atlántica, limitando su capacidad de influencia.
La oposición al reglamento de Retorno voluntario
En cuanto al Reglamento de Retorno, la posición española es igualmente de rechazo. La propuesta europea plantea un sistema de reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno que sería voluntario para los Estados miembros. España se opone a que este reconocimiento no sea obligatorio, ya que, según Grande-Marlaska, mantener el sistema vigente supone que «no avanzamos nada». Para España, un sistema voluntario no aporta la seguridad jurídica ni la eficacia necesarias para gestionar los retornos de manera armonizada en toda la Unión.
La falta de obligatoriedad, desde la perspectiva española, debilita gravemente el instrumento y perpetúa la fragmentación y las desigualdades en la aplicación de las políticas de retorno entre los distintos países de la UE. España aboga por normas claras, vinculantes y comunes que eviten lagunas jurídicas y garantizen que los procedimientos se realicen con pleno respeto a los derechos fundamentales.
Un acuerdo de solidaridad menor al esperado
El tercer gran punto del orden del día, el mecanismo de solidaridad o «contingente de solidaridad», ha culminado en un acuerdo que ha dejado insatisfecha a España. El país se abstuvo en la votación final. La Comisión Europea había propuesto inicialmente un sistema de apoyo a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria que incluyera un mínimo de 30.000 reubicaciones anuales y una contribución financiera de 600 millones de euros, una propuesta con la que España estaba de acuerdo.
Sin embargo, la propuesta de compromiso que finalmente se sometió a votación y fue aprobada por el Consejo recortó significativamente estas cifras. Los países de la UE han acordado apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo presión con 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de ayuda financiera. El Consejo ha precisado que esta asistencia tiene en cuenta que el primer ciclo de gestión comenzará a implementarse plenamente a partir del 12 de junio de 2026.
Fernando Grande-Marlaska mostró su decepción ante este resultado, lamentando que «el contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras». El ministro defendió que se deben «identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma», insistiendo en que «si se toca la solidaridad, se debe tocar la responsabilidad». Para España, la solidaridad debe ser real, efectiva y proporcional a los esfuerzos que realizan los países de primera entrada, como es el caso de España, y no puede quedar reducida a una cifra insuficiente fruto de la negociación política. Esta postura subraya el compromiso español con un enfoque migratorio europeo basado en la corresponsabilidad, los derechos humanos y la cooperación real con los países de origen y tránsito.
