La nueva directora operativa contacta con la denunciante tras admitirse a trámite la querella por violación contra el exnúmero dos
El Ministerio del Interior ha activado este jueves un dispositivo de protección a la víctima de agresión sexual tras ofrecer escolta a la agente que denunció al ya exDAO (director adjunto operativo), José Ángel González, por un presunto delito de violación. La medida ha sido aceptada por la denunciante, que se encuentra en una situación de «extrema vulnerabilidad» después de que su identidad y los detalles de la querella fueran filtrados en grupos de mensajería policial, según ha denunciado su abogado, Jorge Piedrafita.
La propuesta partió de Gemma Barroso, comisaria principal y subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa tras la renuncia de González. Barroso, que es la jefa directa de la víctima, contactó con ella personalmente para ofrecerle todas las medidas de seguridad necesarias. Fuentes conocedoras señalan que ambas ya habían hablado el pasado martes, cuando la agente le comunicó que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid había admitido a trámite su querella contra el que hasta entonces era su máximo superior.
Los detalles de la denuncia y el presunto encubrimiento
La querella, presentada el pasado mes de enero, relata unos hechos ocurridos en abril de 2025. Según el relato de la víctima, una inspectora de Policía, los abusos se produjeron tras un servicio en el que tuvo que trasladar a González en un vehículo oficial hasta su domicilio. La denuncia incluye una grabación de audio realizada por la propia agente en la que, presuntamente, se escucharía al exDAO invocar su cargo: «Oye, que soy el DAO». Los hechos constituirían un delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.
El escándalo de la Policía Nacional se amplía al revelarse que la víctima sufrió una campaña de presión para que no denunciara. El Ministerio del Interior ha abierto una información reservada y ha relevado de sus funciones al comisario Óscar San Juan, hombre de confianza de González, quien presuntamente habría ofrecido a la agente destinos profesionales a cambio de su silencio para «tapar el escándalo público». La investigación intenta determinar si hubo una trama de encubrimiento desde el círculo más próximo al exjefe operativo.
La situación de la denunciante se remonta a julio de 2025, cuando, nada más incorporarse a su nuevo destino en la Subdirección de Recursos Humanos, recibió una llamada del despacho del DAO que no contestó. Ese episodio la llevó a comunicar a Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, siendo puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial. Desde entonces permanece de baja laboral, con el armamento retirado, y arrastra graves secuelas psicológicas que requieren tratamiento especializado.
La filtración que agravó el riesgo
El detonante para activar la protección ha sido la filtración de identidad de la víctima vulnerable en canales internos del cuerpo. El abogado Jorge Piedrafita ha denunciado que, nada más conocerse la admisión de la querella, los datos personales de su clienta comenzaron a circular por chats de policías, donde se intercambiaban informaciones sobre su pasado para intentar desacreditarla, vinculándola a otros casos e incluso mencionando supuestas denuncias previas por acoso. «Todavía no sabemos de quién ni cómo se ha producido la filtración, pero creemos que puede proceder del entorno del acusado. Si logramos averiguarlo, va a caer quien tenga que caer con todo el peso de la ley», ha advertido Piedrafita.
El letrado ha agradecido el trato recibido por Barroso, a quien ha descrito como la responsable que más ha apoyado a la víctima desde el primer momento, atendiéndola «inmediatamente» y animándola a «seguir hasta el final». Sin embargo, ha reprochado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se haya puesto en contacto ni con ella ni con su defensa: «Mi teléfono está abierto, puede llamar cuando quiera. No sé dónde está la empatía que dice tener el Gobierno con las víctimas».
La tormenta política exige la dimisión de Marlaska
El caso DAO tras la denuncia de violación ha sacudido los cimientos del Ministerio del Interior y ha abierto una fuerte crisis política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Marlaska asegurando que, si no conocía los hechos, es «un verdadero incompetente», y que, si los conocía, estaría ante un caso de encubrimiento. La vicesecretaria popular Carmen Fúnez ha añadido que, según informaciones publicadas, González ya contaba con «algún tipo de antecedente en un prostíbulo en Valladolid» en destinos anteriores, lo que agravaría su perfil.
La dimisión de Marlaska tras la presión política se ha intensificado también desde Vox. Su líder, Santiago Abascal, ha calificado lo ocurrido como «un abuso de poder tremendo, terrible y dantesco», y ha exigido la salida inmediata del ministro, responsabilizando al Gobierno de Pedro Sánchez de una «enorme responsabilidad política».
El ministro, que el miércoles en el Congreso llegó a ofrecer su dimisión si la víctima consideraba que le había fallado, mantiene que no tuvo conocimiento de la denuncia hasta el mismo martes en que trascendió a la opinión pública. Mientras tanto, el Juzgado ya ha citado a declarar a José Ángel González como querellado el próximo 17 de marzo. La protección de la víctima de agresión sexual se convierte así en la primera medida efectiva para garantizar la seguridad de una denunciante que, según su letrado, se encuentra «destrozada» tras ver su intimidad expuesta públicamente.
