Ambos gobiernos confían en que el Partido Popular respalde esta iniciativa, que será discutida en un encuentro sectorial con todas las comunidades autónomas

Este lunes, el Gobierno de España y el de Canarias pactaron una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los niños migrantes no acompañados llegados al territorio español entre todas las autonomías y calmar a aquellas que se encuentran ya una situación de “emergencia” en la materia.

No obstante, todavía hay flecos que pulir, porque mientras que el Gobierno central apuesta por una propuesta de ley para distribuir a unos 2.500 niños de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, el Gobierno regional exige que se haga a través de un decreto ley por ser un sistema “más rápido”.

De esta manera, la información se hizo pública durante una conferencia de prensa después de un encuentro en el que estuvieron presentes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, de manera telemática.

“Hemos traspuesto al Gobierno de Canarias que se trate de una proposición legislativa. Aquí tenemos una mínima discrepancia porque ellos comprenden que debe ser un decreto ley para su implementación inmediata desde el Gobierno de español por seguridad jurídica”, mencionó Torres.

Asimismo, el ministro dijo que la propuesta de ley “es el mejor mecanismo”. “En todo caso, estamos abiertos a que sea la más viable porque la propuesta que hacemos de proposición de ley es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya impedimentos en el Senado. Se podría aprobar en 3 meses”, agregó.

También, hizo énfasis que se analizará cualquier otra propuesta que acelere los plazos, a la vez que insistió en que en el texto que propone el Gobierno, “lo que hemos hecho es un cambio legislativo que se aplica a las comunidades que tengan en estos momentos una eventualidad de emergencia inmigratoria, que son 3 hasta ahora, Ceuta, Melilla y Canarias”.

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“Puede ser cualquier otra zona (prosiguió) que tenga esa eventualidad inmigratoria, por lo tanto se aplica ese cambio legislativo para estos 3 territorios, cambiando el artículo 35, con una previa conferencia sectorial y con los criterios que hasta ahora ya han sido aprobados en esa conferencia”.

Que no supere un 150 % de la capacidad

También, Torres indicó que la distribución se llevará a cabo en aquellos territorios en los que se supere un 150% de la capacidad designada, lo que en Canarias representa para a tutelar unos 3 mil niños.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que, aunque continua habiendo un numero significativo de niños migrantes tutelados en las islas, será “indiscutiblemente un alivio de presión sustancial para los recursos saturados”.

“Con lo cual el Ministerio, al tener un nivel de repleción de un 150%, está estableciendo que la capacidad de Canarias es de 2 mil y ese 50% más son los mil, con lo cual dejaría en 3 mil, que es lo que aproximadamente se nos quedaría aquí, la porción que debería tener Canarias”, precisó el mandatario regional.

Clavijo explicó que Canarias exige de igual manera que cuando una comunidad esté atiborrada y tenga el 150% cubierto, a los nuevos niños que entren al país de forma irregular se les designe directamente una comunidad y que, después de un período de 15 días, puedan ser derivados.

“Nuestros servicios jurídicos”, explica “comprenden que el Estado, sin importar que estén en Canarias, realice la asignación en este momento”.

Con todo esto, Clavijo señaló que la Comunidad Autónoma y el Ministerio quedaron convocados para trabajar en los siguientes días.

“A ver si en el lapso de diez o quince días se puede generar otra sectorial interministerial donde ya dispongamos del texto. Y si el pacto político es decreto ley, pues se queda decreto ley, y que si el pacto político es proposición de ley, pues que sea proposición de ley”, dijo.

En todo caso, esperó que, en el mejor de los casos, en septiembre se pueda tener ya un acuerdo y que se pueda empezar con las derivaciones de niños migrantes a otras Comunidades Autónomas.